El nacimiento de nuestra Universidad fue el resultado de un largo proceso, iniciado en el siglo XIX, a través del cual la Iglesia Católica uruguaya reivindicó, en forma contínua, el derecho constitucional a la libertad de enseñanza a todos los niveles, incluyendo el nivel universitario.

El antecedente más preciso y más lejano data de 1876, cuando el Pbro. Mariano Soler fundó el Liceo de Estudios Universitarios que se convirtió en Universidad Libre, en 1878, con la aprobación del gobierno de la República. La fundación del Liceo de Estudios Universitarios se inserta en el gran proceso de redefinición de la actitud de la Iglesia Católica frente al mundo moderno. A través de sus encíclicas, el Papa León XIII procuraba trazar el camino que la Iglesia debía seguir para encarar los grandes problemas de la sociedad en un sentido cristiano. Los católicos otorgaban gran importancia a la creación de establecimientos de educación. En el Uruguay, el Liceo de Estudios Universitarios se propuso formar a los jóvenes católicos armonizando ciencia y fe. La Universidad Libre extendió su acción hasta 1886. Los problemas económicos y la legislación restrictiva en el área de los estudios secundarios y universitarios provocaron su clausura.

Habría que esperar a mediados del siglo XX para que surgieran en el país nuevas iniciativas católicas en el campo de la enseñanza superior. La fundación del Instituto de Filosofía en 1954, su crecimiento lento pero constante en las décadas de 1960 y 1970, y los proyectos frustrados de Universidad Católica de 1961 caracterizan una primera fase de este proceso.

En setiembre de 1953 se reunió en Montevideo el Congreso de la Unión Nacional de Educación Católica (UNEC), presidido por Mons. Antonio Mª Barbieri. En el marco de este Congreso surgieron las primeras propuestas definidas de creación de un centro católico de estudios superiores. El resultado concreto de dichas propuestas fue la fundación, en marzo de 1954, del Instituto de Filosofía por iniciativa de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y con la aprobación del arzobispo de Montevideo. En la sociedad uruguaya fuertemente secularizada se imponía la tarea de brindar una sólida formación humanista de fundamentos cristianos. En 1967 el Instituto de Filosofía, que había extendido sus tareas educativas a otros sectores del conocimiento, pasó a llamarse Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras. Desde 1962 dependía de la Conferencia Episcopal del Uruguay. Mons. Antonio Corso, Mons. Andrés Rubio y Mons. Carlos Mullin desempeñaron en forma sucesiva el cargo de rector.

En los años 60, se detectaban dos corrientes en los círculos católicos. Una de ellas era partidaria de realizar un fuerte esfuerzo evangelizador dentro de la Universidad de la República, la otra sostenía la necesidad de crear una Universidad Católica en el país. Los cursos del Instituto de Filosofía, el Seminario Interdiocesano de Toledo y los cursos de Derecho organizados por los Padres Jesuitas fueron propuestos como punto de partida de la Universidad proyectada.

El 7 de marzo de 1961 el Episcopado uruguayo hizo pública una declaración de apoyo a la libertad de enseñanza a todos los niveles, incluyendo el nivel terciario, y a la erección de la Universidad libre - "postulado claro de la conciencia católica" - en el Uruguay.

Varios factores se asociaron para provocar el fracaso del proyecto universitario de 1960. A la falta de definición y al clima de confusión reinantes en la Iglesia uruguaya, se agregaron personalismos, desencuentros, y apoyos políticos inestables. La insuficiente maduración del proyecto condujo a su progresivo apagamiento.

En 1979, el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras es encomendado a la Compañía de Jesús, siendo nombrado Rector el Lic. Manuel Gutierrez Semprún s.j.. Se inicia una nueva etapa en la que se institucionaliza y redefine la antigua institución. En el seno del Instituto renovado se fue gestando el nuevo proyecto de Universidad Católica. Esbozado desde fines de 1979, progresivamente definido en los tres años siguientes, enfrentado a serios obstáculos hacia 1983, el proyecto de Universidad privada se fue concretando con lentitud pero con seguridad en 1984.

La Santa Sede, la Iglesia uruguaya, y los sucesivos gobiernos nacionales participaron en el nacimiento de la nueva institución.

En 1981 la Conferencia Episcopal Uruguaya manifestó públicamente su voluntad de poner en marcha el proyecto de crear una Universidad Católica en el país. El 11 de noviembre los obispos uruguayos emitieron una importante declaración. En ella ofrecían "a la sociedad uruguaya el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, con sus casi 30 años de experiencia educativa como base de una posible "Universidad Privada". Se iniciaba un camino complejo que implicaba para la Iglesia uruguaya nuevos esfuerzos y nuevas responsabilidades en el "servicio a la sociedad nacional".

El 22 de agosto de 1984, por el decreto 343/984, se autorizó el funcionamiento de la Universidad Católica del Uruguay "Dámaso Antonio Larrañaga" y se reconocieron los planes de estudios y los programas presentados. Otro decreto presidencial de la misma fecha cesaba la intervención de la Universidad de la República que se había iniciado en setiembre de 1973. Se iniciaban nuevos tiempos para la vida universitaria en el Uruguay.

El 23 de octubre de 1984, fue aprobada la ley relativa a la validez de los títulos profesionales otorgados por las Universidades Privadas. En efecto, la ley 15.661 establecía que los títulos profesionales otorgados por las Universidades Privadas, para su validez, deberían ser registrados ante el Ministerio de Educación y Cultura, y que una vez registrados tendrían los mismos efectos jurídicos que los expedidos por la Universidad de la República.

El año 1984 fue un año de grandes logros para el proyecto de Universidad Católica. También fue para el Uruguay un año de conquistas. En el mes de noviembre se realizaron elecciones democráticas. En febrero de 1985 se instalaría el primer Parlamento elegido libremente después de once años de gobierno de facto. El 13 de marzo fueron convalidados los actos jurídicos que dieron lugar a la creación de la Universidad Católica a través de la ley 15.738.

En el ámbito eclesial, el 25 de enero de 1985 la Sagrada Congregación para la Educación Católica decretó la erección de la Universidad Católica del Uruguay "Dámaso Antonio Larrañaga".

Su Santidad el Papa Juan Pablo II había manifestado expresamente su apoyo a la Universidad Católica uruguaya en enero de 1985 en ocasión de la visita "ad limina" de los obispos uruguayos a Roma. El Papa afirmó haber visto "con gozo la reciente fundación en Uruguay de la Universidad Católica «Dámaso Antonio Larrañaga»". "Es mi ferviente deseo - señaló entonces el Papa - que por medio de ella pueda hacerse pública, estable y profunda la presencia del pensamiento cristiano en los esfuerzos de promoción de la cultura superior".

Con el expreso apoyo papal, obra de la Conferencia Episcopal Uruguaya confiada a la dirección de la Compañía de Jesús, la Universidad Católica fue inaugurada el 5 de marzo de 1985. El P. Luis del Castillo s.j. fue su primer rector. Le han sucedido en el cargo el P. José Squadroni s.j., el P. José Luis Mendizábal s.j., el P. Carlos Vázquez s.j. y el P. Antonio Ocaña s.j.

La Universidad Católica del Uruguay inició sus actividades como la Universidad "otra", ni semejante ni opuesta a la Universidad de la República, sino "cualitativamente diferente y complementaria, aunque igualmente consagrada al servicio de la sociedad uruguaya por sus tareas de investigación, docencia y extensión".

La Universidad Católica del Uruguay se impuso el reto de ofrecer en el área de la enseñanza universitaria una opción diferente. Ser complementaria y no competitiva de la Universidad de la República, trabajar en áreas desatendidas hasta entonces, jugar un papel innovador en la educación y en el área de la evangelización de la cultura. Las propuestas de la nueva Universidad eran atractivas y también lo fue su estilo.

En la actualidad, la Universidad Católica del Uruguay vive una clara etapa de consolidación y se ve enfrentada a los desafíos de la búsqueda de calidad y de la adaptación rápida y eficaz a los nuevos requerimientos de la sociedad uruguaya.